Y reitera su «disposición a mantener cooperación con instancias internacionales».
El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU decidió remitir a la Asamblea General un informe sobre la situación de desapariciones en México con carácter urgente, documento que señala la existencia de indicios que apuntan a prácticas que podrían encuadrarse como crímenes de lesa humanidad, al considerar que se presentan como actos generalizados o sistemáticos contra la población civil.
El presidente del comité, Juan Albán-Alencastro, indicó que el análisis se centra en la magnitud y repetición de los casos, más allá de su distribución territorial.
El informe refiere que estos hechos pueden involucrar tanto a autoridades en distintos niveles como a grupos que operan con tolerancia o complicidad de funcionarios, aunque aclara que no se identificó una política federal orientada a ordenar desapariciones.
Como parte de sus conclusiones, el organismo propuso la creación de mecanismos que permitan esclarecer los casos y fortalecer la atención a las familias.
Entre las medidas planteadas se incluyen apoyo técnico, recursos financieros y asistencia especializada en tareas de búsqueda, análisis forense e investigación. El documento también menciona cifras relacionadas con fosas clandestinas y restos humanos sin identificar, como parte del diagnóstico presentado.
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó el contenido del informe.
En un posicionamiento conjunto, señaló que el análisis “carece de rigor y no incorpora información actualizada” entregada por el país antes de su publicación. Además, sostuvo que “no existe tolerancia ni instrucción desde el Estado para la comisión de desapariciones”.
Las autoridades federales expusieron avances en herramientas institucionales como registros nacionales, plataformas de identidad y esquemas de búsqueda.
También reiteraron su “disposición a mantener cooperación con instancias internacionales”.
